Temas

DÍA INICIAL DEL CÓMPUTO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL TRAS PROCESO PENAL

03/07/2020 · TRÁFICO

El Tribunal Supremo (Sala de lo Civil. Sentencia nº 339/2020 de fecha 23 de junio de 2020. Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller) acaba de estimar el recurso de casación interpuesto por el letrado de este despacho, Víctor Manuel Rodríguez Guardado, contra la Sentencia de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de A Coruña (Sentencia nº 130/17, de fecha 30 de junio de 2017), que confirmaba otra del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santiago de Compostela, y que desestimaba nuestra demanda por daños y perjuicios derivados de accidente de circulación por prescripción del plazo de ejercicio de la acción civil, tras un proceso penal previo por los mismos hechos. El Tribunal Supremo casa la Sentencia de la Audiencia Provincial y devuelve los autos a esta para que dicte la Sentencia correspondiente, pero sin estimar la alegación de prescripción, entrando así en el fondo del asunto.

La Sentencia de primera instancia desestimó la demanda al apreciar que la acción estaba prescrita en el momento de su ejercicio. Recurrimos en apelación, y la Audiencia Provincial dictó Sentencia de fecha 30 de junio de 2017 por la que confirmó la de primera instancia, al considerar prescrita la acción. La perjudicada había denunciado los hechos, lo que llevó a la incoación del correspondiente juicio faltas. Por escrito de fecha 18 de diciembre de 2014 la denunciante renunció a la acción penal ejercitada, con reserva de acciones civiles. Con fecha 30 de diciembre de 2014 se dictó Sentencia absolutoria. Esta Sentencia se notificó a la denunciante y aseguradora el mismo día y fue notificada al conductor denunciado, que no se había personado en el procedimiento penal, mediante exhorto el 19 de enero de 2015. La recepción en el juzgado del exhorto tuvo lugar el 26 de enero de 2015. Se declaró la firmeza de la Sentencia por auto de 8 de febrero de 2015, y la demanda de inicio del presente proceso civil se presentó el 4 de febrero de 2016.

La Sentencia dictada por la Audiencia consideraba que la acción había prescrito, porque la Sentencia dictada en el proceso penal alcanzó firmeza el 28 de enero de 2015 cuando, practicada la última notificación, en este caso al conductor denunciado en el proceso penal que no es parte en el proceso civil, trascurrieron los plazos para recurrirla. Entendía la Audiencia que desde ese momento la Sentencia era firme, con independencia de cuándo se declarase materialmente la firmeza y se notificase a los interesados. La firmeza es la que determina el fin del proceso penal y además se había producido previamente renuncia al ejercicio de la acción penal por la ahora recurrente, lo que debió de dar lugar al inmediato archivo. Consideraba también la Sentencia dictada en segunda instancia que no era relevante el conocimiento por la apelante de la fecha de notificación al conductor denunciado. La apelante supo que no podía recurrir la Sentencia, y que tampoco podía hacerlo la aseguradora contra la que dirige su demanda, a principio de enero de 2015. A su alcance tuvo conocer el momento de la recepción de la notificación de la Sentencia por el conductor denunciado. Se renunció al ejercicio de la acción penal, con reserva de acciones civiles, y esto conllevaba inexorablemente el fin el proceso penal y permitía a la parte iniciar el proceso civil.

Señala el Tribunal Supremo, en cuanto a la admisión del recurso de casación, que el interés casacional resulta evidente en cuanto permite a la sala pronunciarse sobre los efectos que la notificación de un auto de firmeza de la resolución penal dictada ha de producir en relación con la fijación del “dies a quo” para el cómputo del plazo de prescripción de la acción civil ejercitada posteriormente por los mismos hechos.

Reiterando la doctrina expresada en la Sentencia de esta Sala nº 398/2017, de 27 de junio, señala que es preciso añadir que no se justifica un tratamiento distinto según el caso y en atención a los avatares del proceso penal. La seguridad jurídica impone una solución uniforme estando facultadas las partes para instar del órgano judicial la declaración de firmeza a fin de que pueda quedar objetivado, mediante la correspondiente notificación, el arranque del plazo de prescripción para el ejercicio de las acciones civiles subsiguientes.

Así pues, el día inicial del cómputo del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad civil, tras un proceso penal por los mismos hechos, es el de la declaración de firmeza de la resolución judicial que pone fin al proceso penal cuando esta existe. Es decir, entendemos que siempre debe solicitarse al órgano judicial tramitador del proceso penal la declaración formal de firmeza de la resolución judicial que pone fin a dicho proceso, para así poder objetivar el día inicial del cómputo del plazo de prescripción de la acción civil por los mismos hechos. En caso contrario, si no se produce esa declaración formal de firmeza, lo que es frecuente, puede entenderse que el plazo empezaría desde el momento en que pudo ejercitarse la acción civil, por ejemplo, desde que transcurren los plazos para recurrir la resolución judicial que pone fin al proceso penal sin que sea objeto de recurso por parte del titular de la acción civil. Así lo entendió la Audiencia Provincial de A Coruña en la Sentencia ahora revocada, pero con la diferencia de que en nuestro caso si hubo declaración formal de firmeza y que fue obviada por la Audiencia Provincial.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier consulta sobre asuntos similares al expuesto.

¡Compártelo!