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La responsabilidad de los administradores en los tiempos del COVID19

04/05/2021 · MERCANTIL

Han pasado ya 3 meses desde el inicio de 2021, lo que implica que los administradores de las empresas han tenido que formular las cuentas anuales del pasado ejercicio 2020... o sus asesorías.

Sin entrar en la discusión jurisprudencial y doctrinal acerca de la fecha en que se debe entender que el administrador conoce o debe conocer la concurrencia de la causa de disolución de la mercantil por pérdidas, respecto de lo que no cabe ninguna duda es que llegado el 30 de marzo ya no queda ninguna disculpa para que el administrador no asuma su obligación, y las consecuencias, de evaluar si existen perdidas que dejan reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior al 50 % del capital social.

Como es conocido, si esta premisa sucede, el administrador tiene la obligación de convocar junta general para disolver la sociedad (o para tomar otro tipo de decisión, que puede ser ampliar capital o reducirlo).

La diferencia es que en tiempos de COVID19, gracias al Real Decreto-Ley 16/2020, esta obligación desapareció. De este modo, si las pérdidas de 2020 reducían el patrimonio neto a menos del 50 % del capital social, el administrador no tenía la obligación de convocar junta general para disolver, lo que implicaba que el administrador no respondía por las deudas posteriores a la concurrencia de la causa de disolución.

Esto se mantuvo en la Ley 3/2020, en su artículo 13 y por tanto la conclusión es que los administradores sociales no serán responsables de las deudas empresariales. Pero la duda es: ¿hasta cuándo? El momento temporal es importante en tanto las pérdidas de 2020 se pueden llegar a arrastrar en 2021 o incluso 2022.

Lo que es evidente es que no será posible deducir responsabilidad a los administradores con base en las cuentas anuales de 2020. Es previsible, o así se afirma en los mentideros mercantiles, que al cierre del ejercicio 2021 el legislador establecerá medidas que protejan a los administradores si arrastran las perdidas de 2020.

Otro aspecto a tener en cuenta es la responsabilidad de los administradores que tiene que ver con el derecho concursal. En principio, no existe obligación legal de presentar concurso de acreedores hasta 31 de diciembre de 2021.

Por tanto, a priori, la responsabilidad de los administradores en la sección sexta de calificación prácticamente ha desaparecido en cuanto al retraso en la solicitud del concurso en los tiempos del cólera, digo del COVID. 

Por tanto, si no es obligatoria la solicitud de concurso no se podrá condenar al administrador que no solicita el concurso en ese tiempo. Sin embargo, no puede olvidarse que la responsabilidad concursal abarca más aspectos y puede fundamentarse en otras causas.  

En efecto, la responsabilidad concursal también tiene que ver con agravar la insolvencia, con alzarse en los bienes de la empresa, venderlos apresurada o ruinosamente o falsear la contabilidad; supuestos en los que sí que podrá calificarse el concurso como culpable y, en su caso, aparejar responsabilidad económica del administrador.

¿Cómo se puede agravar la insolvencia? la creatividad y la compulsión en las crisis dibuja un catálogo de comportamientos y acciones cuya enumeración escapa al objetivo de estas líneas, se puede generalizar en términos abstractos tales como: realizar operaciones societarias gravosas para la sociedad como, por ejemplo, contratar hipotecas o prendas sobre bienes propios o para pagar deudas ya existentes de empresas o personas vinculadas; el alzamiento de bienes o su venta apresurada.

El administrador concursal analizará siempre, como mínimo, las operaciones de los últimos dos años; el Tribunal Supremo ha dotado de eficacia culpabilística a actuaciones incluso anteriores. 

Pueden ponerse en contacto con GUARDADO PLATERO, AGBOGADOS para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

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